Concluido el plazo para cumplir con los diez puntos del Plan de Seguridad Ciudadana aplicado por el Gobierno en el 2008, el ministro Fernando Bustamante reconoció que no todos se concretaron.
Para este año se prepara una evaluación de las cifras en torno al índice delincuencial, que será presentado al presidente Rafael Correa.
Se informará además sobre los ofrecimientos pendientes. Uno de ellos es el programa de desarme voluntario.
Este consiste en incentivar a la gente para que entregue sus armas, pero todavía falta concretar de qué forma.
Otra actividad anunciada en noviembre fue el cierre de talleres artesanales de armas. Según Bustamante, quedan 40 establecimientos por clausurar en Chimbo (Bolívar).
También quedó a medias el abandono de policías a cargos administrativos. Se tenía prevista la salida de 1.600 uniformados, pero solo se movilizaron 511.
La hora de evaluar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana llegó con el término del 2008. El pasado 6 de noviembre, el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, agregó nueve actividades emergentes al plan y anunció que darían resultados positivos a finales del 2008. El ajuste se hizo por el descontento del presidente Rafael Correa frente a los pocos resultados obtenidos hasta entonces.
La mejor forma de evaluar esos esfuerzos, reconoce Bustamante, es a través de la medición de los índices delincuenciales. El Ministerio aún prepara esas cifras para presentarlas a Correa la próxima semana.
No obstante, la Policía Judicial del Guayas y la Escuela Superior Politécnica del Litoral ya tienen las suyas, con respecto a Guayaquil; y el Observatorio Metropolitano de Seguridad, en relación a Quito.
Las tres instituciones coinciden en que los actos delictivos han crecido en relación al 2007. Sin embargo, para Bustamante lo principal no es contar los atracos, sino calcular las tasas de criminalidad, esto es comparar el número de delitos con la densidad poblacional de cada región.
Por ejemplo, manifestó el Ministro, diez asesinatos en un pequeño pueblo pueden evidenciar mayor peligrosidad que cientos de esos delitos cometidos en Guayaquil, una ciudad de tres millones de habitantes. La ciudadanía espera el informe del Ministerio.
Bustamante adelantó que no todos los 10 puntos agregados al plan fueron concretados en este año. Uno de ellos es el programa de desarme voluntario.
Este consiste en el ofrecimiento de incentivos para que la gente entregue sus armas, pero todavía no se ha fijado cuáles serán esos ofrecimientos.
Según el Ministro, una comisión de la policía argentina asesorará al respecto.
Otra actividad anunciada el 6 de noviembre fue el cierre de talleres artesanales de armas. A decir de Bustamante, quedan 40 establecimientos por clausurar en Chimbo (Bolívar).
Aunque no sabía cuántos talleres fueron cerrados, el Ministro manifestó que alrededor de 170 personas, de Chimbo y Manabí, fueron separadas de esa actividad y hoy se dedican a la elaboración de muebles escolares y otros enseres.
Sobre el desarme de la ciudadanía, Bustamante agregó que se reformará la Ley de Armas. Su idea es penalizar su porte, como sucede en Chile.
En ese país, explicó el Ministro, no se puede circular con una pistola; los ciudadanos solo pueden solicitar permiso para tener esa herramienta dentro de un inmueble.
De tal forma que si se cambian de casa, deben tramitar un documento que les permita trasladar el arma.
El armamento deportivo y las empresas de seguridad privada tendrán un régimen especial en el 2009, adelantó Bustamante.
Otra actividad planificada que quedó a medias es el abandono de policías a cargos administrativos. Se tenía prevista la salida de 1.600 uniformados y hasta el momento se han movilizado 511.
Cien de ellos vigilaban instituciones públicas; 186 se encargaban de trabajos administrativos; 110 cumplían órdenes especiales, y 115 custodiaban las obras de Panavial.
Ellos fueron reubicados en servicios de vigilancia urbana y rural, especialmente en Pichincha, Guayas y Los Ríos.
Bustamante indica que la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres) prepara los concursos de méritos para contratar a civiles que reemplacen a los 1.089 uniformados que quedan por salir.
El Ministro afirmó que el proceso es complicado, puesto que hay casos en los cuales se debe contratar a una sola persona para que haga el trabajo de tres policías y eso conlleva hacer un cambio en las funciones de los cargos.
Desde el 6 de noviembre pasado, la Policía Nacional se concentró en la clausura de cachinerías. En los operativos fueron incautados 78 locales a escala nacional. En ellos se encontraron 4.493 accesorios, 1.752 repuestos automotrices y 680 electrodomésticos. Se recuperaron 35 motos y 35 vehículos. Se detuvo a 25 personas y se decomisaron 8 armas de fuego.
Para reducir la comercialización de bienes robados, agregó Bustamante, hace falta un cambio en el Código Penal, pues el actual no considera esa actividad como delito.
Lo que se hizo en estos operativos fue clausurar los establecimientos con la ayuda del Servicio de Rentas Internas, manifestó.
Otro esfuerzo de la Policía fue realizar operativos en las zonas comerciales y de alta peligrosidad, que se iniciaron con el decreto de emergencia operativa el 21 de octubre y se reforzaron el 6 de noviembre.
La Dirección General de Operaciones reportó hasta el 22 de diciembre 18.388 operativos que dejaron 13.723 detenidos. Se incautaron 543 armas de fuego, 766 blancas y 4.680 kg de droga. Se recuperaron además 124 motos y 227 carros robados. Los registros de la huella dactilar (biométricos) en la frontera no dieron buenos resultados. Para el 2009 también quedó la reforma a la Ley Orgánica de la Policía. El proyecto es dejar de lado la formación militar de los uniformados y acercarlos a la comunidad.
Las encuestas
Entre septiembre y diciembre pasados, el Ministerio de Gobierno realizó encuestas de victimización y percepción de la inseguridad en las capitales provinciales del país, excepto Galápagos.
Las víctimas
Las encuestas, que tienen el 95% de confiabilidad, revelaron que el 12,7% de ecuatorianos fue asaltado en el último año. Además, el 16,1% de viviendas fue atracado en ese periodo.
La percepción
El índice de percepción de inseguridad alcanza el 44,4% de ecuatorianos. Las mujeres son más temerosas que los hombres.
http://www.eluniverso.com/2009/01/05/1/1422/FB190C9483DA449AA55182ED8F090362.html
Hace 8 años
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