Entre 50 y 70 mil armas desaparecieron de las Fuerzas Armadas

El coronel retirado de la Fuerza Aérea Aurelio Neón Aquino, presidente de la Asociación de Miembros Retirados de las Fuerzas Públicas, asegura que entre 50.000 y 70.000 armas de distinto calibre, explosivos, además de equipos y aeronaves, desaparecieron de las Fuerzas Armadas durante los gobiernos de Luis González Macchi y Nicanor Duarte Frutos.
–¿Dónde están esos armamentos?

–O se encuentran en poder de la población civil o ya fueron vendidos al exterior, a particulares, a organizaciones delictivas, a las FARC de Colombia, quién sabe...

–¿Cuándo desaparecieron?

–La mayor parte de las armas desapareció a partir del abrupto desmantelamiento de la Caballería y la Fuerza Aérea cuando el ministerio de Defensa estaba en poder de Nelson Argaña después del llamado “marzo paraguayo”.

–La caballería era la mejor equipada...

–En el 2000 fueron confinadas las tropas de Campo Grande al interior, pero no los armamentos. Poco a poco fueron desmantelándose los cuarteles de frontera, hasta el mismo cuartel de Mariscal Estigarribia, hasta quedar las Fuerzas Armadas prácticamente abandonadas a su suerte.

–¿De cuántas armas se habla en realidad?

–Algunos dicen más de 50.000, otros dicen 70.000. Son ametralladoras, cañones, fusiles de corta distancia, explosivos, aeronaves.

–¿Un negocio fácil?

–Resulta que al ir desmantelándose los cuarteles, las fuerzas militares fueron quedándose también sin soldados. Las armas que eran manipuladas ordinariamente por ellos comenzaron a sobrar. Entonces, esa cantidad enorme de armamento que sobró es lo que desapareció.

–¿Cómo le parece que desapareció?

–Los equipos y armamentos debían ser destinados a la Dirección de Material Bélico en Piribebuy. Hay versiones que coinciden en que los grandes cargamentos de armas que salieron de los cuarteles con destino a los depósitos de Piribebuy nunca llegaron o llegaron completamente ordeñados. De tanto en tanto se ventiló algo por la prensa, pero nunca fue investigado. Nadie se preocupó. Se supone que los altos mandos sabían. Todos sabemos que el que desmanteló la caballería fue González Macchi con Argaña.

–¿Usted sospecha que ellos deben saber?

–Sin ninguna duda, los comandantes en jefe deben saber o sabían. Hoy prácticamente no existen las Fuerzas Armadas. No está la Caballería, tampoco la aviación, tampoco otras grandes unidades que hasta hace poco eran operativas. No existen más soldados. Hay, por decir, 57 generales, 68 soldados y unos 200 oficiales, sirviendo como mercenarios de las Naciones Unidas en Haití o en otros países, con un sueldo de 5.000 dólares por cabeza. No hay quien controle hoy la seguridad interna y externa. Esas armas hoy podrían estar equipando a grupos de delincuentes, a grupos subversivos, como se sospecha en estos días después de ese asalto a Tacuatí.

–¿El caso de esos sargentos y suboficiales detenidos tiene relación con eso que usted denuncia?

–Estos sargentos y suboficiales, para mí son un chivo expiatorio. Es una maniobra para encubrir a los responsables. Estos infelices cayeron en la trampa. La cuestión es mucho más grave de lo que la gente piensa. Hay por lo menos entre 20.000 y 25.000 fusiles livianos desaparecidos. Es demasiado. Otra cantidad parecida está fuera de los cuarteles. Una ametralladora punto 50 cuesta entre 20.000 y 30.000 dólares en el mercado negro.

–¿Usted habla también de aviones?

–Sí. Yo mismo participé de la instalación de la artillería de 12 aviones AT6 con 2 ametralladores cada uno en la base de Santa María, Brasil. Hoy no existen ni los aviones ni las ametralladoras. Con eso le doy un ejemplo de cómo se pudo haber estado negociando con los armamentos. Lo que tenían estos infelices en su poder (una veintena de fusiles M-1 sin su estructura) no es nada comparativamente con todo lo que ya desapareció y que es responsabilidad de los comandantes y de sus altos mandos. Todos ellos deben ser llamados a explicar.

–¿Cómo pudo llegar a manos de los sargentos?

–Le voy a explicar. Los armamentos, equipos, vehículos y aeronaves, anualmente se pide su baja por inservibles. De esa manera quedan fuera de servicio. Eso no quiere decir que algunos, o la mayoría, no estén en condiciones. Lo correcto es que se destruya. Pero no se destruye. Esto es lo que se negocia en el mercado negro. Los aviones que son dados de baja vuelven a volar. Son reacondicionados y salen con rumbo desconocido.

–¿Quién es el responsable de la baja?

–Los altos mandos con el comandante en jefe. Son los que reciben los informes de las actividades realizadas en los cuarteles, del inventario general del equipamiento. Muchas veces, la trampa está ahí. Al dar de baja, se declara inservible un equipo o un armamento utilizable. Eso se vende en el mercado negro. Un fiscal debe investigar. Tiene que llamar a los ex comandantes para que digan dónde están los faltantes. Las unidades militares fueron prácticamente saqueadas por delincuentes recomendados o protegidos por políticos influyentes. Imagínese. En esos dos períodos de gobierno (de González Macchi y Nicanor Duarte) se perpetraron más de 40 secuestros, centenares de asaltos millonarios hasta en aeropuertos. Se perpetraron alevosas ejecuciones. Las investigaciones se congelan en el Poder Judicial. Se nota la permisividad de los órganos de control y seguridad.

–¿Están usando esos armamentos?

–En nuestro país existe una cultura delictiva en la clase política que abona el camino de supuestos patriotas mesiánicos que inducen a inocentes campesinos pobres a la lucha armada. Estos se convierten así en brazo armado de organizaciones subversivas con doctrinas ideológicas foráneas, impracticables para nuestro medio. El gobierno de Lugo amenaza con sucumbir si no toma en serio medidas oportunas para erradicar esta violencia.

–Si son 50.000 armas, es como para armar divisiones. ¿No le parece un poco exagerado?

–Corresponde a las autoridades promover las investigaciones correspondientes porque se estima que solamente los armamentos, explosivos, equipos, vehículos y aeronaves militares extraídos de la caballería y la Fuerza Aérea son suficientes para organizar poderosos grupos subversivos que, de hecho están montando su estructura delictiva causando alarma e intranquilidad en la población.

–Si son tantas las armas, ¿dónde están? No es fácil sacar tanto armamento del país...

–Se pudo haber enterrado para ir comercializando de a poco. Piense en ese detalle.

–Ese incidente de Tacuatí parece más bien un enfrentamiento con un fantasma. No aparece nadie...

–En este caso, las Fuerzas Armadas tienen que formar una fuerza de tarea conjunta: ejército, aviación, marina y destinar un responsable, un general, para comandar desde el lugar.

–¿Y la Policía?

–La labor de la Policía debe ceñirse al control de documentos. Son las Fuerzas Armadas las que tienen que tomar el control total. La Policía Nacional debe tener un papel auxiliar, porque ya fue rebasada. Es un error, es inoperancia adjudicarle un protagonismo mayor y el reconocimiento del Comandante en Jefe.

–¿En qué se basa para decir que desde la época de González Macchi están saqueando las FF.AA.?

–Es categórico. Durante los gobiernos de González Macchi y Duarte Frutos, valiosos armamentos, equipos, vehículos y aeronaves militares fueron comercializados dentro y fuera del territorio nacional. Delincuentes peligrosos fueron hasta entrenados en dependencias de las fuerzas públicas donde ingresaron disfrazados. Luego de tomar conocimiento de las capacidades y limitaciones de las unidades operativas y logísticas, volvieron a salir para formar grupos armados al servicio de la delincuencia organizada, de las que vemos a diario por todas partes.

–¿No es mucha imaginación?

–El Paraguay se ha convertido en plataforma operacional de la delincuencia organizada que opera al servicio de poderosos intereses económicos extraterritoriales, bajo la protección y complicidad de autoridades gubernamentales, de funcionarios ubicados en cargos estratégicos. Las organizaciones delictivas tienen sus elementos mimetizados como empresarios, asesores, consultores, religiosos o como agentes de organismos no gubernamentales, apoyados por sus agentes dentro de las fuerzas públicas, seguridad privada, policía urbana, tránsito, desde donde monitorean el movimiento de sus futuras víctimas.

–Si no le culpan a (Lino) Oviedo, todo apunta de nuevo a los secuestradores de Cecilia Cubas. ¿No es un “recurso’i” rayado?

–Yo coincido. Para mí, esos supuestos hallazgos y denuncias de atracos se hacen simplemente para distraer la atención. Antes era todo Oviedo, pero como Oviedo ya está rehabilitado para hacer política, ahora se adjudica de nuevo a los secuestradores de Cecilia Cubas. ¿Con qué herramientas ellos van a hacer esas cosas?

–¿Dónde hay que investigar?

–Ya le dije. ¿Por qué no se investiga dentro de la estructura del poder? La delincuencia está en la propia estructura del poder de la nación. En Paraguay no existe una solución política ni jurídica ante la ausencia de gobernabilidad. El poder administrador está desorientado. Demuestra incapacidad para asumir su responsabilidad de velar por la seguridad y la defensa.

–¿Qué hay que hacer entonces?

–Corresponde que los poderes del Estado prescindan de sus discusiones mediáticas sobre la Corte o la renegociación de Itaipú, que hasta ahora no condujeron a nada positivo más que a llenar espacios en los medios. Que hagan una tregua para atender la seguridad nacional, antes de que se nos presente encima una guerra civil de impredecibles consecuencias.