viernes, 9 de enero de 2009

60 empresas de Honduras impugnarán alza al salario

Sigue oleada de despidos en todo el país: van 10,000 en una semana y se estiman más de 20,000 para el primer mes del año, según la cúpula empresarial
egucigalpa ,

Honduras
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La cúpula empresarial del país se “arma” para enfrentar una batalla legal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de que invalide un decreto ejecutivo que elevó el salario mínimo a 5,500 lempiras mensuales.

Una docena de abogados, liderados por el asesor jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, conocieron ayer las primeras 60 solicitudes de empresas diseminadas en todo el país que están interesadas en impugnar el ajuste salarial.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) Mario Bustillo, expresó que las acciones jurídicas correspondientes serán incoadas ante la CSJ entre el viernes 9 y lunes 12 de enero del presente año.

“Unas 20 empresas capitalinas, entre comercios, industrias y empresas de servicios, están anuentes a emprender una acción jurídica”, indicó el ejecutivo.

El Cohep informó que las demás empresas están situadas en el resto del territorio nacional.

Los empresarios creen que el antídoto “inmediato” en contra del recorte masivo de empleados es que la Corte Suprema acepte los recursos de amparo con suspensión del acto reclamado para invalidar un alza desproporcionada del salario mínimo.

El presidente Manuel Zelaya determinó el 24 de diciembre de 2008 un salario mínimo para los trabajadores en el sector urbano de 5,500 lempiras, y para el área rural de 4,055, vigente a partir del presente mes.

El ex ministro de Trabajo, German Leitzelar, dijo que una acción legal como la que propicia el Cohep prosperó hace unos años en Costa Rica.

El profesional del derecho recordó que una empresa estatal brindó un incremento salarial a sus empleados, que se nutriría con el aumento a las tarifas del servicio público.

Los afectados interpusieron la respectiva impugnación ante la Corte Suprema, que invalidó el ajuste salarial en beneficio de los consumidores.

Los representantes de sectores vinculados a la producción de alimentos agropecuarios y de la industria panificadora han advertido que el alza al salario mínimo será transferida al consumidor final, vía precios.

Representantes de la industria de la construcción advirtieron que este incremento impactará en un 20 por ciento en el costo de la obra.

“Se alejan las posibilidades de que una persona de la clase baja o media tenga una casa propia, porque deberá pagar más por concepto de la mano de obra”, dijo el vicepresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Alejandro Álvarez.

Causa máxima

El presidente del Cohep, Amílcar Bulnes, indicó que durante los primeros días del año se despidió a más de 10,000 trabajadores y advirtió que esta situación puede tornarse en una crisis porque el recorte de personal se agudizará.

El presidente de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (ANMPIH), Roberto Caballero, indicó que solo las Pymes despidieron ya unos 600 trabajadores.

El presidente del Cohep indicó que es necesario que las centrales obreras, el gobierno y los empresarios encuentren avenidas de diálogo para evitar que más empleados se “vayan a la calle”.

A la cúpula del Cohep se le confirmó que en el transcurso del presente mes quedarán sin empleo unos 20,000 trabajadores diseminados entre las empresas de seguridad e higienizadoras.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, manifestó que varias de las compañías de seguridad no tienen dinero para el pago de prestaciones y, por lo tanto, existe el riesgo de que los vigilantes se lleven las armas a sus casas como un seguro para recibir sus beneficios.


Bombas fiscales

El presidente de la Andi efectuó un llamado a los candidatos a la presidencia por los partidos Liberal, Elvin Santos, y Nacional, Porfirio Lobo, a que propicien un diálogo entre las partes en conflicto con el interés de encontrar soluciones válidas.

El industrial sostiene que el próximo presidente de la república deberá enfrentar un pago de 15,000 millones de lempiras por concepto de incremento al Estatuto del Docente en 2010.

“Desde el gobierno de Ricardo Maduro no se elevaba la categoría salarial de servicios a las empresas, porque eleva el ingreso de los maestros vía estatuto”, indicó.

De acuerdo con los cálculos de los empresarios, con el alza al salario mínimo se “disparó” la referida categoría en un 190 por ciento, que acumulará cerca de 14,000 millones de lempiras.

“Si el presidente Manuel Zelaya le regaló a los docente 7,000 millones de lempiras durante el primer año de gobierno, ahora les brinda 14,000 millones porque las clausulas salariales del estatuto están indexadas al salario mínimo”, explicó.

Para el polémico empresario, esta es una bomba fiscal que propicia el fracaso del proceso democrático del próximo gobierno, que será incapaz de cancelar este ajuste.

“El costo para el sector privado, en total, es de un 60 por ciento, pero para la nación asumirá el 190 por ciento en 2010”, advirtió.

Marcha obrera

La ministra del Trabajo, Mayra Mejía, indicó que el tema del salario mínimo se abordará de nuevo en febrero del presente año, cuando se discuta el salario mínimo para la industria maquiladora.

Para el presidente de la Andi es poco probable que a los 130,000 trabajadores de este sector se les eleve el salario a 5,550 lempiras, porque el cierre de estas empresas sería inminente y marcharían estos trabajadores en contra de sus autoridades y es posible que hasta tengan éxito en “botar el presente gobierno”.

Andi pide no participar en negociación tripartita

El modelo tripartito de negociación del salario mínimo deberá ser modificado, o los empresarios se abstendrán de participar en el proceso, solicitaron los industriales a la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

La Ley del Salario Mínimo establece que, en el marco de una comisión integrada por los representantes de los obreros y de los empresarios, con la mediación de la Secretaría del Trabajo negociarán el salario de subsistencia del próximo año.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, recomendó al Cohep que se abstenga de participar en la “farsa” de las negociaciones tripartitas, porque las tres centrales obreras representan a unos 12,000 trabajadores sindicalizados, de los cuales la mitad trabajan en el sector público.

O sea que existe una representación gubernamental directa.

Facussé indicó que es necesario que en estas conversaciones participen también los representantes de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), de los desempleados y de los consumidores, que son los que al final del proceso pagan los “patos” de los incrementos salariales que se aprueban sin medir las consecuencias.
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