Niegan seguridad a Magistrados

Tras recibir varias amenazas contra su integridad durante el 2008, los magistrados del Poder Judicial solicitaron una partida especial para contratar servicios de seguridad personal, y que por indisponibilidad de recursos no podrá concretarse durante el 2009.
Así lo reveló el presidente de la Comisión de Justicia, Enrique Rangel Jiménez, quien dijo que en su propuesta de presupuesto para este año, por más de 220 millones de pesos, el Poder Judicial planteó ante el Legislativo una partida presupuestal destinada a la contratación de equipos de seguridad institucional y de seguridad personal para los magistrados.
El planteamiento estaba dirigido a la posibilidad de contratar con la seguridad privada servicios de guardaespaldas, dispositivos de protección personal dentro y fuera del Palacio de Justicia e incluso sistemas de videovigilancia en sus despachos.
-Lamentablemente no hubo disponibilidad de recursos suficientes para atender esta demanda, y los magistrados del STJ, al igual que otros sectores laborales que también enfrentan riesgos en sus labores cotidianas, sobre todo vinculadas con la seguridad y la justicia, deberán seguir protegiéndose con las instituciones públicas y el autocuidado.
El legislador reconoció que las condiciones de inseguridad y las amenazas recibidas han propiciado que nuestros jueces y magistrados busquen mayor protección, y nosotros estamos para respaldarlos y ayudar a que su integridad se mantenga a salvo.
-El problema es que no hay dinero que alcance para todo, y si ya de por sí al Poder Judicial se le asignó un presupuesto que apenas le permitirá cumplir con su función en términos de mucha austeridad, difícilmente podrá utilizar recursos del gasto para contratar seguridad privada.
El presidente de la Comisión de Justicia advirtió empero que los magistrados y jueces no son los únicos que reciben amenazas, pues también se tiene noticia de que los Ministerios Públicos y los Juzgadores, tanto del fuero común como del federal, que son los que tienen que ver con los asuntos del crimen organizado, son frecuentemente amenazados en su integridad.
-Pero en la actualidad no hay oficio seguro, pues todos sin excepción corren riesgos, ya sea por el trabajo que realizan, máxime si está vinculado con la seguridad pública o la administración de justicia, o como simples ciudadanos, y bajo estas condiciones sería difícil garantizarle seguridad personal a todos-.
Enrique Rangel indicó que también los legisladores, por aprobar leyes que endurecen las penas a los delincuentes, -estamos en la mira del hampa, y no por ello vamos a utilizar recursos públicos para contratar guardaespaldas privados, en todo caso, quien lo haga que le cueste a su bolsillo-, enfatizó.
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