A partir de 2009, las dos mil 54 corporaciones de seguridad privada en el país serán sometidas a los mismos controles de profesionalización y certificación que el resto de las policías, para limpiarlas de corrupción y evitar que se conviertan en refugio de agentes despedidos.
Además, se convertirán en auxiliares de los gobiernos municipales, estatales y federal en beneficio de la población.
También deberán estar disponibles para coadyuvar en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, porque serán consideradas como parte de la estructura del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Diseñado por el presidente Felipe Calderón, diputados federales y el senador priista Jesús Murillo Karam, dicho mecanismo, que entrará en vigor luego de su revisión por parte del Ejecutivo Federal, pone un candado para evitar que los cuerpos de seguridad privada se conviertan en refugio de los policías despedidos por corruptos.
“Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente por las normas que esta Ley y las demás aplicables que se establecen para las instituciones de seguridad pública, incluyendo los principios de actuación y de-sempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.
“Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza”, se establece en el artículo 152 de la naciente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las nuevas disposiciones dictan que los servicios de seguridad privada “son auxiliares a la función de la Seguridad Pública”.
En la ley, ese servicio tiene un capítulo especial, en el cual se advierte que “además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección
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